La diputada Xóchitl Contreras presentó una iniciativa en el Congreso de Chihuahua para fortalecer la aplicación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas y garantizar que quienes incumplen con la pensión alimenticia enfrenten consecuencias legales.
La legisladora explicó que, aunque el registro fue creado en 2021 para identificar a los padres que no cumplen con la manutención de sus hijos, en la práctica se ha utilizado muy poco debido a lo complicado y costoso del procedimiento actual.
De acuerdo con información recabada en juzgados del estado, desde su creación se han realizado muy pocas inscripciones en el registro, no porque no existan deudores, sino porque el proceso obliga a las madres a iniciar trámites adicionales después de años de juicio.
Contreras señaló que esta situación provoca que, en muchos casos, las madres asuman solas los gastos de sus hijos, lo que calificó como una forma de violencia económica.
La iniciativa propone que el registro de deudores se realice de oficio desde el primer incumplimiento de la pensión provisional, sin necesidad de que la madre inicie un trámite adicional, y que la inscripción se lleve a cabo en un plazo máximo de 24 horas.
También plantea que instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como bancos y empleadores, estén obligados a informar a los jueces sobre los ingresos y bienes del deudor en un plazo de cinco días hábiles.
Entre las medidas contempladas se incluyen restricciones patrimoniales para los deudores, como la imposibilidad de vender propiedades, la retención de devoluciones fiscales, el bloqueo de cuentas bancarias por orden judicial y la prohibición de ocupar cargos públicos, ser candidatos o proveedores del gobierno.
La propuesta también plantea que el registro estatal se conecte con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y establece sanciones de hasta 500 UMAs para servidores públicos, notarios o empleadores que obstaculicen la aplicación de la ley.
La diputada indicó que el objetivo de la reforma es asegurar que la legislación realmente proteja a las familias y garantice el sustento de niñas, niños y adolescentes.