Tras identificar, por medio de la Abogacía del Estado, al menos cuatro perfiles en la red social TikTok donde se hacían publicaciones en las que aparecían jóvenes varones “simulando patadas y puñetazos, y apuñalando maniquís que representan a figuras femeninas”, las autoridades brasileñas decidieron investigar más sobre el tema.
Junto a esas imágenes, ya retiradas de la citada plataforma, aparecían mensajes que “justificaban la violencia” en caso de ser rechazado por una mujer, según indicó el gobierno de Brasil en una nota.
“Entrenando por si ella dice no”, decía uno de los textos, recogido en la denuncia de la Abogacía General del Estado (AGU, por sus siglas en portugués) presentada ante la Policía Federal, que investigará el caso.
El procurador nacional de la Unión de Defensa de la Democracia, Raphael Ramos, sostuvo en la querella que esos videos pueden estimular la práctica de “feminicidios, lesiones corporales, intimidación sistemática, amenaza, persecución y violencia psicológica” contra las mujeres.
En su opinión, aunque no haya una víctima en concreto, la circulación sistemática de contenido misógino en plataformas digitales representa “una amenaza concreta a los derechos fundamentales de las mujeres”.
“La víctima, en este contexto, es la colectividad femenina, afectada en su condición de sujeto de derechos fundamentales, sobre todo cuando el contenido difundido adopta la forma de incitación a la comisión de delitos o de apología de hechos delictivos, que, en principio, podrían encuadrarse como delitos contra la paz pública”, agregó.
La petición de la Abogacía del Estado se enmarca dentro del Pacto Nacional contra el Feminicidio, firmado el pasado 4 de febrero por las cúpulas de los tres poderes de Brasil y el cual busca “proteger a las mujeres, prevenir la violencia y responsabilizar a los agresores”.
Un estudio universitario citado en la denuncia, enviada a la Policía Federal el domingo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, muestra que Brasil registró 6 mil 900 víctimas de feminicidio, consumado o en grado de tentativa, en 2025, un 34% más que en 2024.
Ramos también resaltó la necesidad de avanzar en la regulación de las redes sociales, a pesar del reciente fallo del Tribunal Supremo, que aumentó la responsabilidad de estas plataformas cuando no retiren “inmediatamente” contenidos que constituyan delitos graves.
En paralelo, el parlamento brasileño aprobó un Estatuto del Niño y del Adolescente para el entorno digital, pero para el procurador todas estas medidas se han visto “insuficientes” y “es necesario dar nuevos pasos”.