La 68 Legislatura de Chihuahua solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la Fiscalía General de la República, investiguen las extracciones ilegales de agua del Río Conchos en el municipio de San Francisco de Conchos, y que, en su caso, procedan conforme a derecho contra quienes resulten responsables.
Lo anterior, una vez aprobada la proposición presentada por el diputado Arturo Zubía Fernández, quien dijo que, de acuerdo con denuncias ciudadanas y medios de comunicación locales, existen prácticas sistemáticas de desvío ilegal del agua mediante bombas instaladas en la corriente del Río Conchos, particularmente en las comunidades del municipio de San Francisco de Conchos, sin autorización legal, destinadas principalmente a grandes unidades de producción agrícola.
Es importante mencionar que se aprobó la moción presentada por el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, mediante la cual se pide se incluya a la Junta Central de Agua y Saneamiento y a la Fiscalía General del Estado, en la investigación.
“Estas extracciones ilegales no solo violan la legislación en materia de aguas nacionales, sino que además privan a las comunidades de un recurso esencial para su subsistencia”, señaló el legislador.
Comentó que la extracción clandestina de agua no solo vulnera el derecho de las comunidades al acceso al vital líquido, sino que también representa una amenaza para la sustentabilidad ambiental y la equidad en el uso de los recursos hídricos. Además, estos actos ilegales generan conflictos sociales y ponen en riesgo la paz y la seguridad en la región.
A lo antes dicho, se suma que esta situación ha dejado a numerosas familias sin acceso al agua potable durante varios días, obligando incluso a estudiantes de escuelas primarias a llevar agua desde sus hogares para poder realizar actividades básicas como la limpieza de sanitarios.
En su documento, el diputado destacó que el desvío ilegal del recurso hídrico no es un fenómeno aislado ni espontáneo; que, por el contrario, implica organización, impunidad y, en muchos casos, la omisión de las autoridades.
“El problema del huachicoleo de agua en Chihuahua refleja un patrón nacional que demanda atención urgente y acciones coordinadas por parte del Estado mexicano. No se trata únicamente de un conflicto por recursos naturales, sino de una crisis de gobernanza, de legalidad y de justicia social”, sentenció.
Finalmente, señaló que es imperativo que las autoridades competentes, actúen de manera inmediata y coordinada para investigar estos hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones establecidas en la ley, así como el implementar mecanismos de vigilancia y control más efectivos para prevenir futuras extracciones ilegales y garantizar el acceso equitativo al agua para todas las comunidades.
