Con el proceso de elección del Poder Judicial encima, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tuvo en tribunales una racha que no se había visto desde que hay registros. En el primer trimestre de 2025 el fisco recuperó en juzgados 66 mil 266.5 millones de pesos, un monto que representa un aumento de 133.91 por ciento respecto a lo registrado en el periodo comparable del año pasado.
Salvo el dato del primer trimestre de 2020, cuando el SAT reportó que, como resultado de sentencias favorables en los juzgados, podía recuperar 36 mil 511 millones de pesos, lo acreditado en el primer trimestre de 2025 es equiparable al presupuesto anual de cuatro programas sociales: Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión Mujeres Bienestar, Precios de Garantía y becas para educación superior.
Justo el fiscal fue uno de los ámbitos sobre los que se argumentó la necesidad de una reforma al Poder Judicial durante la pasada administración. Litigios de décadas para controvertir créditos fiscales –como se denomina a los adeudos con el SAT por impuestos no entregados– han sido uno de los principales modus operandi de grandes corporativos, que pueden impugnar en tribunales sus contribuciones, en espera de ganar al fisco, llegar a un acuerdo o esperar a que la inflación consuma la deuda.
Estadísticas oficiales exhiben que el monto contenido en esas sentencias que fueron favorables al SAT durante el primer trimestre aumentó de manera considerable respecto al número de procesos que resultaron a su favor, un total de 2 mil 442 casos, apenas 9.36 por ciento más que los registrados en el periodo comparable del año pasado.
El organismo, que no ha dejado de reportar información sobre sentencias, pero ahora lo hace de manera atomizada e incompleta y no detalla el monto que se ha perdido en los tribunales, destacó que en el periodo le fueron notificadas 4 mil 260 sentencias, con 83 mil 600 millones de pesos involucrados. No obstante, con los datos dispersos que publica el SAT, el monto correspondiente a fallos que no le beneficiaron no resulta de una resta simple.
A inicios de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió que más allá de estos casos de créditos fiscales que se atienden en juzgados administrativos, las denuncias penales contra factureras por presunto fraude prácticamente se enfrentan a un dique judicial. La mayoría (de los casos) no procedieron frente a jueces; son alrededor de 90 por ciento que se pararon al pedir órdenes de aprehensión, apuntó.
