Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina y una de las figuras políticas más controversiales del país, fue sentenciada a prisión el martes e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena por cargos de corrupción.
Es probable que el fallo profundice las tensiones políticas del país; sucede después de que Fernández de Kirchner, quien fue objeto de un intento de asesinato hace tres años, anunciara planes de volver a la política.
Sus seguidores bloquearon las principales calles de la capital, Buenos Aires, antes de la decisión judicial contra Fernández de Kirchner, de tendencia de izquierda, quien se ha enfrentado reiteradamente con el actual presidente de Argentina, Javier Milei, de derecha, en un momento en que los principales sindicatos de trabajadores han amenazado con paros nacionales.
La Corte Suprema rechazó una apelación presentada por Fernández de Kirchner en una sentencia de 27 páginas, reafirmando una sentencia de seis años emitida por una corte inferior que determinó que había defraudado al Estado en sus dos mandatos presidenciales, de 2007 a 2015.
No obstante, es poco probable que Fernández de Kirchner, de 72 años, pase algún tiempo de importancia en prisión pues la ley argentina permite el arresto domiciliario para las personas de más de 70 años. El tribunal de primera instancia, que determinará si Fernández de Kirchner obtiene el arresto domiciliario, dijo que tenía cinco días hábiles para presentarse ante el tribunal para ser detenida oficialmente. Por otra parte, pidió al ministro de Seguridad que proporcionara un lugar adecuado para su detención.
La expresidenta podría pasar tiempo tras las rejas en una comisaría de policía por unos días mientras un juez apruebe la detención domiciliaria, dijo Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires.
Kirchner dijo a sus partidarios frente a la sede de su partido poco después del fallo judicial: “Esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos”. Calificó de “monigotes” a los tres miembros de la Corte Suprema y los caracterizó como “triunvirato de impresentables” que respondían a poderosos intereses económicos, y dijo que ahora estaban imponiendo un “cepo al voto popular”.
En cuanto a Milei, escribió “Justicia” en X y republicó varios mensajes que celebraban el fallo de la Corte Suprema.
Fernández de Kirchner, figura constante en la política de Argentina durante tres décadas, sigue siendo un personaje divisivo. Mientras que una gran parte del país considera su presidencia como sinónimo de malos manejos económicos y corrupción, sigue contando con una base leal que le reconoce haber implementado programas de bienestar social ambiciosos.
Fernández de Kirchner, quien también fue vicepresidenta de 2019 a 2023 ha enfrentado numerosos cargos de corrupción. En 2022 se le condenó por desviar contratos de obras públicas en una provincia del sur en favor de un amigo de la familia y socio comercial.
Fernández de Kirchner ha calificado los cargos de tener motivaciones políticas y acusa a sus oponentes de emplear el poder judicial como una forma de limitar su influencia.
La corte determinó que la trama de corrupción había comenzado durante el mandato de su marido y predecesor, Néstor Kirchner, y había continuado durante sus dos mandatos presidenciales. Kirchner fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, al sur del país, y fue presidente de 2003 a 2007. Kirchner falleció en 2010.
Desde 2024, Fernández de Kirchner dirige el Partido Justicialista, la mayor fuerza opositora de Milei, y la plataforma política más numerosa del peronismo, el movimiento populista y nacionalista que ha configurado gran parte de la historia política moderna del país.
Milei ha culpado a menudo a Fernández de Kirchner, así como a su difunto marido, de años de malos manejos económicos y de corrupción sistemática que ocasionaron que la economía del país se precipitara a una crisis. Milei llegó a la presidencia en 2023 con la promesa de recortar el gasto público y replantear la economía de Argentina, que depende en gran medida del Estado.
