De madrugada, y en una acción que los partidos opositores definieron como un “albazo legislativo” de Morena, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados incluyó una reserva de 368 páginas al dictamen de la nueva Ley general del sistema nacional de seguridad pública, que regula las políticas del gobierno federal en la materia.
La adenda, que no pasó por el proceso legislativo en la Comisión de Seguridad Ciudadana que aprobó el dictamen en abril, fue motivo de una agria discusión al arranque de la tercera sesión extraordinaria de esta semana.
PAN, PRI y MC resaltaron la imposibilidad para los diputados de leer el legajo, analizarlo y comprender el alcance de los cambios que Morena introduce, acusaron, “en lo oscurito”. MC sin embargo, anunció su voto a favor.
Sin embargo, el PAN anticipó su voto en favor de la reforma. “Con esta reforma no hay lugar para pretextos; la seguridad es indispensable y si después de esta reforma no dan resultados, o son incompetentes o están coludidos con el crimen organizado”, expuso el panista César Damián Retes.
El blanquiazul decidió, empero, votar en contra del dictamen de la ley del sistema nacional de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública, que se discutirá más tarde e incrementa las atribuciones del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
MC señaló que si bien de este dictamen Morena sacó la obligación de integrar un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, incluirá en la ley de inteligencia.
Desde la tribuna, César Alejandro Domínguez (PRI) consideró especialmente grave que del artículo 43 del dictamen se suprime, con la adenda, el párrafo que proponía que “el desarrollo policial se basará en la doctrina policial civil”.
“Se elimina el párrafo que preveía que la seguridad es de carácter civil, por si no quedará duda de la militarización. Además, le dan un poder casi absoluto al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que podrá decomisar los fondos de las aportaciones federales en materia de seguridad a estados y municipios, “cuando no cumplan con sus acuerdos”.
Esto es, agregó, “sin proceso legal ni garantía, el consejo puede decir que un estado se puede quedar sin presupuesto. ¿En dónde queda el federalismo?”.
Ante lo inusual del volumen de páginas de la reserva de la comisión, el priísta alegó un “fraude legislativo”.
Luis Fernando Vilchis (PT) señaló que “así sean 500, 700 o mil hojas”, los diputados “venimos a trabajar y a sumarnos al esfuerzo de este importante movimiento nacional”.
Conforme al proceso legislativo, el agregado de 368 páginas se incorporó al dictamen y forma parte ya del debate que se desarrolla en el pleno de la cámara.
