La revocación del visado de entrada a Estados Unidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo Carlos Torres, es un caso “grave”, ya que es la primera vez que a un mandatario en funciones se le retira la visa, aseguró Adela Navarro, directora general del Semanario ZETA Tijuana.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, aseguró que fuentes estadounidenses señalaron al semanario que las versiones que han dado a conocer tanto la gobernadora como su esposo no coinciden con la información con la que cuentan.
En el caso de Carlos Torres, quien ocupa un cargo honorario como encargado de Proyectos Especiales en el gobierno de su esposa y también labora en el Ayuntamiento de Tijuana, señaló que no fue notificado como aseguró sino que hace aproximadamente dos semanas “él intentó cruzar por una de las dos garitas internacionales en Tijuana para ir hacia San Diego, California, y el oficial que lo atendió en la garita, del CBP, vio una alerta del Departamento de Estado en la computadora al momento de introducir los datos”, por lo que fue invitado a pasar a una segunda inspección para hacer una revisión más detallada.
“Después de hacer la revisión a su documentación, y seguramente al revisar la alerta que aparecía en las computadoras, fue donde le notificaron que le iban a retirar la visa, que no puede entrar al país y que va a tener que regresarse a México”, dijo Navarro.
Según las fuentes consultadas por el diario, “no hubo resistencia de ninguna forma” por parte de Torres, aunque sí preguntó a qué se debía el retiro de la visa, una cuestión sobre la que los elementos del CBP no dieron información adicional. “Le dijeron que la tenía que buscar por otras vías, ya directamente con las autoridades del Departamento de Estado”, mencionó.
La periodista aseguró que, en el caso de la gobernadora, “ella sí fue notificada por vías consulares”, debido a la naturaleza de su cargo. Dado que Ávila tiene relación con autoridades estadounidenses, los funcionarios “no querían que pasara un momento incómodo en caso de que decidiera cruzar también hacia los Estados Unidos por cualquier vía terrestre —sea Mexicali, Tecate o Tijuana— y que le fuese retirada su visa en ese momento”.
“En el caso de ella, no sabemos si le dieron información adicional, la cual no le dieron a su esposo en el momento en que le retiraron la visa, porque no lo ha comentado. El comunicado personal que ella sube a su página de Facebook es muy escueto. De hecho, no dice directamente que le fue retirada la visa, sino que recibió una notificación similar, pero sí se confirma por las propias autoridades que también le retiraron la visa. Eso es lo que sabemos hasta ahorita, producto de investigaciones que se están realizando”, puntualizó.
Navarro señaló que el gobierno estadounidense no ha informado públicamente sobre la revocación de las visas a la gobernadora y a su esposo, ya que se trata de asuntos que únicamente se discuten con las personas afectadas.
“Lo que nos dijo una de las fuentes consultadas por el Semanario ZETA el día de ayer es que el retiro de las visas es la consecuencia de una investigación que ya tiene tiempo llevándose a cabo. No precisó detalles —si es ‘huachicol’, si son otras relaciones— pero sí que se trata de relaciones, negociaciones o acuerdos con grupos que no están dentro de la ley”, detalló.
Recordó el contexto de inseguridad que se vive en la entidad, así como los recientes decomisos de “huachicol”, uno de los cuales ocurrió hace unos meses en Ensenada, muy cerca de la frontera con Tijuana, “donde incluso el dueño del predio donde se almacenaba la gasolina y el diésel es un exsenador de Morena”.
También en ese caso y otro de ‘huachicol’ hubo personas implicadas o relacionadas con el gobierno de Baja California, con Morena precisamente. Entonces, sí van varios casos. Tecate también es otra zona donde el tema del ‘huachicol’ es bastante importante, y donde también se ha implicado a autoridades locales”, señaló la periodista.
Señaló que, además del ‘huachicol’ en Baja California, también coexiste el problema del trasiego del fentanilo, “porque es una frontera por la que se trafica mucha droga de México a los Estados Unidos”.
“Y la cuestión es que, como todo el crimen organizado, los cárteles no pueden subsistir sin el apoyo de una parte del Estado, sea por parte de corporaciones policiacas que los protegen, o jueces que los protegen, o funcionarios que les permiten adquirir tierras o transitar por las calles”, comentó.
