Por primera vez desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014, una autoridad federal reconoció públicamente que los esfuerzos se estarían concentrando en localizar sus “cadáveres”. La declaración fue realizada por el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, y desató una reacción inmediata de las madres y padres de los normalistas, quienes además han exigido su destitución por presunta corrupción, falta de resultados y pérdida total de confianza.
La afirmación ocurrió en el marco de la tercera reunión entre familiares y la presidenta Claudia Sheinbaum, que se llevó a cabo el día de ayer martes 27 de mayo en Palacio Nacional, donde el tema central fue la continuidad del fiscal al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Previo al encuentro, Rosendo Gómez Piedra declaró ante medios nacionales: “Los avances, tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres”.
Estas declaraciones fueron percibidas como un cambio radical en el discurso, y para muchos, una forma institucional de renunciar a la búsqueda con vida de los estudiantes.
