El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello expresó su preocupación por la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para incluir la foto y la huella digital a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y utilizarla como identificación oficial con el fin de ayudar a la búsqueda de los desaparecidos.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que si estos datos se le pidieran al INE, el instituto no tiene autorización para entregarlos al Gobierno federal, además de que consideró que ello no representaría una solución inmediata para atender el problema de los desaparecidos.
Consideró “lamentable que tuviera que estallar un escándalo como el del rancho de Teuchitlán para que se planteara una política que parece más una reacción a la coyuntura específica, que algo que haya sido suficientemente construido y pensado”.
En ese sentido, señaló que sobre la identidad debe existir una discusión pública “sumamente seria”, al tratarse de un derecho humano fundamental.
Córdova planteó que en la discusión en México, el tema de la identidad siempre ha estado vinculado o subordinado a los temas de seguridad, “cuando debería ser al revés”. “Evidentemente, la identidad es fundamental para poder propiciar condiciones efectivas de seguridad, para poder investigar debidamente los delitos y demás, pero cuando lo ponemos al revés, entonces podemos acabar yéndonos por soluciones que no son las más convenientes”, advirtió.
Lamentó que el Estado mexicano no haya sido proactivo para garantizar un mecanismo efectivo para acreditar la identidad, dado que ha existido la tentación de utilizarlo con fines político electorales. “Más en un país donde el uso de programas sociales es extenso y existen evidentes hechos de clientelismo político”.
“Así que tener una base de datos de identidad que se mezcle con una base de datos de apoyos sociales puede provocar, digamos, o ha generado siempre esta sospecha de una intencionalidad política”, apuntó el exconsejero presidente del INE.
“Esta es una discusión que ha llevado, no pocas veces, al Gobierno federal a tener discusiones o incluso roces con el Instituto Federal Electoral y luego el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano que posee la base de datos personales más grande y más segura del país, y que tiene evidentemente una finalidad estrictamente electoral, pero que con el paso del tiempo se le ha dado una utilidad social sumamente importante”, dijo.
Aseguró que la base de datos del INE, que incluye datos biométricos, huellas dactilares y la fotografía del rostro, ha sido utilizada con éxito para poder identificar a muchos de los cuerpos desconocidos que aparecen en fosas comunes a lo largo y ancho del país.
“Si no se ha logrado avanzar más en esta materia ha sido porque los gobiernos no han invertido lo suficiente en los equipos forenses”, apuntó.
“El INE tiene convenios con las instancias de desaparecidos. Cuando aparece un cadáver, se toma la huella, se remite al INE la huella y el INE la compulsa con su base de datos y, en caso de ocurrir una coincidencia, notifica a la instancia que solicitó la identificación, ya sea una fiscalía o una oficina de búsqueda de personas desaparecidas, para que se realice un dictamen forense y se pueda entregar la identificación de la persona. El INE no puede entregar los datos de las personas debido a la protección de datos, a menos que haya un dictamen forense o una orden de un juez”, dijo.
Córdova Vianello señaló que hace un año y medio se habían encontrado 19,000 coincidencias de huellas en la base de datos del INE, pero cuyos datos personales no podían ser entregados a las instancias investigadoras porque no se había realizado el dictamen forense.
Criticó la forma en la que se instrumentó la CURP en un primer momento y manifestó su preocupación sobre el costo que implicará para el Estado mexicano construir una base de datos de identidad desde cero, incluyendo datos biométricos.
“En su momento el INE había calculado al menos 60 a 70 mil millones de pesos”, dijo, al tiempo que propuso que las bases de datos que hoy existen, como la del INE, la de Hacienda, la del Seguro Social, la del ISSSTE o la de Relaciones Exteriores puedan interconectarse sin necesidad de concentrarse, para disipar las sospechas de un uso político o electoral de la misma.
“El INE en su momento le ofreció a la secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero firmar un convenio para que el INE, a nombre de la Secretaría de Gobernación, registrara a los menores de edad. Nunca se aceptó eso. Lo que querían es que el INE les entregara la base de datos de los electores, levantando las peores sospechas”, consideró.
Córdova plantea que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y su consejera jurídica, Ernestina Godoy, implica una tarea titánica.
“A mí lo que más me preocupa es que hoy se está planteando la construcción de esta base de datos biométricos, que habría que ver de dónde pretenden sacarlos, a ver si no se los piden al INE, porque el INE no tiene autorización de los ciudadanos para entregarlos a otra dependencia, ni siquiera al Gobierno federal”, dijo, al tiempo que manifestó su preocupación por el hecho de que se pretenda construir la base de datos justamente tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que era la autoridad encargada de garantizar el resguardo de esa clase de datos.“Es decir, hoy no va a haber ningún órgano autónomo que pueda vigilar cómo se maneja esta enorme base de datos que se pretende construir, que implica el respeto de los derechos y su uso para los fines legales, no para fines político-electorales”, manifestó.
“Ahora será el propio Gobierno el que será el constructor y depositario de esta base de datos. Pero además, ¿quién va a vigilar que, con el manejo de la misma, se respeten la protección de los datos personales? Esa es mi principal preocupación. Se trata de una tarea que llevaría tantísimo tiempo que no es la solución para un problema inmediato que nos está estallando en la cara, que es justamente, y todos los días se agrava, el problema de los desaparecidos”, dijo.
Córdova Vianello también se refirió a la carta que firmaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -él entre ellos- , en la que señalaron la “manipulación de la justicia” con fines políticos tras la condena impuesta al exrector de la UNAM Enrique Graue y al exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo, por el caso del supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel.
La jueza Flor de María Hernández Mijangos condenó a ambos a indemnizar con 15 millones de pesos a Martha Rodríguez Ortiz, la asesora de tesis de la ministra, por el supuesto daño moral ocasionado por el manejo del caso, y les prohibió volver a pronunciarse sobre el tema.
Córdova consideró que es evidente “el uso del aparato de justicia para una venganza política en contra de dos funcionarios que no son responsables de ninguna de las decisiones que la universidad, como ente a través de sus cuerpos colegiados y de los órganos competentes, resolvieron” sobre el caso de la ministra Esquivel
