El 29 de enero, la jueza de control Perla Fabiola Ayala Estrada ordenó su liberación anticipada, argumentando que González Valencia había cumplido más de la mitad de su condena de cinco años, impuesta en diciembre de 2023 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que su buena conducta la hacía acreedora a este beneficio.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó esta decisión el 5 de febrero, buscando evitar su salida anticipada. A pesar de la apelación, el Tribunal Colegiado de Apelación en Morelos confirmó la resolución el 27 de febrero, declarando infundados los argumentos de la FGR y permitiendo la liberación de González Valencia.
La defensa de González Valencia sostuvo que su clienta cumplía con los requisitos legales para obtener la libertad anticipada, incluyendo el cumplimiento de más del 60% de su condena y una conducta ejemplar durante su reclusión.
Cabe recordar que en noviembre de 2024, un tribunal federal desestimó las acusaciones de delincuencia organizada en su contra, limitando su proceso al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La liberación de Rosalinda González Valencia ocurre en un contexto de intensas acciones judiciales y operativos contra el crimen organizado en México, incluyendo la reciente extradición de 29 reos vinculados al narcotráfico a Estados Unidos.
