La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) reiteró que la elección de jueces, magistrados y ministros presenta diversas inconsistencias, así como riesgos, y que lejos de “democratizar” al Poder Judicial, expone su independencia a la franca injerencia política, vulnera los derechos humanos de las personas y compromete la confianza en la República, razón por la cual debe suspenderse. Peor aún, dijo, el diseño de la elección pone en “riesgo la imparcialidad judicial” al permitir que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes, con un “evidente sesgo” hacia quienes tienen afinidad con el partido en el poder. “Esto no solo amenaza la independencia del Poder Judicial, sino que pone en peligro el derecho de las y los ciudadanos a contar con juzgadores imparciales y capacitados, seleccionados con base en méritos y no en lealtades políticas”. También advirtió que las suspensiones judiciales otorgadas contra la reforma judicial han sido desestimadas o ignoradas, “lo que constituye un incumplimiento flagrante” del orden jurídico.
Apuntó que esta conducta puede derivar en responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) en todos sus niveles. Pero incluso, en su desacato, “la autoridad electoral puede llevar a los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casillas a convertirse en operadores de la reforma suspendida y por lo tanto incurrir en las mismas conductas sancionables”.
“Todo mexicano y mexicana debe saber que esta elección no es más que un instrumento para desmantelar el sistema de contrapesos que garantiza nuestra democracia anulando al Poder Judicial como instancia independiente”, añadió la Jufed.
Detalló que el lugar de fortalecer la confianza de la ciudadanía, este proceso “consolidará un régimen autocrático e iliberal, dispuesto a sacrificar la justicia, la libertad y los derechos humanos en aras de su perpetuación en el poder”.
La JUFED insistió en sus vías de acción en el terreno nacional y ante La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya, aseguró, ha manifestado su preocupación por la vulneración del Estado de derecho que implica esta modificación constitucional.
