La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute este martes un proyecto de sentencia que plantea la invalidación parcial de la controversial reforma judicial: podría suspender la elección de los jueces y magistrados por voto popular, pero mantener la votación para la selección de los miembros del alto tribunal.
Los once ministros de la Corte iniciaron este martes la discusión del proyecto que, de aprobarse, representaría un duro golpe para la reforma que contempla una renovación del Poder Judicial sin precedentes en la historia reciente de México y que antes de su aplicación ya ha desatado una crisis ante las protestas y huelgas de los miles de jueces y empleados de los tribunales.
La ambiciosa iniciativa fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador —quien por años mantuvo una pugna con la Corte y algunos magistrados que le echaron para atrás algunas de sus reformas— y ha contado con el irrestricto apoyo de su sucesora, Claudia Sheinbaum, desde que asumió el gobierno el mes pasado.
Previo al inicio de la sesión, cientos de trabajadores de los tribunales, abogados y colectivos de estudiantes se concentraron el martes a las afueras del máximo tribunal, en el centro de la Ciudad de México. Entre banderas mexicanas, y al grito de “el poder judicial está de pie, está de pie”, exigieron la anulación de la reforma que, aseguran, amenaza la independencia de los poderes públicos y la democracia, lo que ha sido descartado por Sheinbaum.
La propuesta de sentencia que elaboró el ministro Juan Luis González Alcántara anula la remoción masiva de los jueces y magistrados previo a su renovación, que se haría por voto popular. Este es uno de los puntos neurálgicos de la reforma constitucional que aprobó a mediados de septiembre la mayoría oficialista del Congreso.
Según González Alcántara, el proceso de elección de los jueces “no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”, y no ofrece certeza sobre los requisitos de los aspirantes ni las garantías para evaluarlos.
En el proyecto que se trata el martes, se mantiene la elección de los ministros del alto tribunal y de los integrantes del Tribunal Disciplinario y la Sala Superior del Tribunal Electoral por voto popular, las medidas de austeridad, la extinción de los fideicomisos del poder judicial, y la creación de un órgano de administración.
La ministra Loretta Ortiz salió el martes en defensa de la reforma asegurando que la “justicia debe estar al servicio del pueblo”.
“Nuestra historia demanda un sistema transparente y verdaderamente democrático”, dijo Ortiz en un mensaje en su cuenta de X.
En su pulso con la Corte, Sheinbaum afirmó el lunes que no está dispuesta a negociar “lo que ha decidido el pueblo y ya es parte de la Constitución”, y planteó que los ministros “no pueden estar por encima de la voz popular”. La mandataria adelantó que de invalidar parte de la reforma ya cuenta con “un plan”, pero no ofreció detalles.
En esa misma línea, la mayoría oficialista en el Congreso aprobó la semana pasada una reforma para blindar los cambios hechos a la Carta Magna y evitar que las modificaciones puedan ser detenidas en los tribunales.
La sesión del alto tribunal se da a menos de una semana de que 11 ministros, incluida la presidenta de la Corte, presentaran su renuncia en el Senado. Esta se hará efectiva en agosto del 2025, luego de que se elijan los nuevos integrantes del cuerpo.
Los ministros decidieron dimitir en cumplimiento de la reforma que prevé que los juzgadores que no vayan a competir en las elecciones de mediados del próximo año deben renunciar para no perder sus beneficios laborales.
La decisión no fue respaldada por sus colegas Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Ortiz, quienes se mantendrán en sus cargos.
Esquivel, Ortiz y Batres, quienes son identificadas como cercanas al gobierno, adelantaron hace unas semanas que participaran en los comicios judiciales.
La reforma del poder judicial ha sido criticada por especialistas y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que plantearon que las modificaciones pondrían en riesgo la independencia judicial y representaría un golpe al sistema de contrapesos del Ejecutivo en México.
Los críticos de la reforma aseguran que con la elección de los jueces por voto popular los tribunales se llenarán de personas afines al partido gobernante y con poca experiencia, y se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales.
Pero López Obrador y Sheinbaum han defendido la reforma asegurando que ayudará a limpiar de corrupción el poder judicial y consolidará una “auténtica democracia” en México al permitir que el pueblo elija a sus servidores públicos.
