La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, denunció este lunes lo que considera “excesos” cometidos por el Poder Judicial de la Federación, al señalar que sus integrantes han emitido resoluciones y amparos que frenan la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de los ciudadanos.
Rodríguez afirmó que estos actos no solo paralizan importantes proyectos, como obras públicas o políticas de “bienestar”, sino que también generan impunidad al retrasar la emisión de resoluciones y sentencias.
Un ejemplo de esto, señaló, es que 6,096 personas privadas de la libertad en penales federales no han recibido sentencia. En Morelos, 415 mujeres llevan entre uno y 17 años esperando una sentencia. Esta situación, según la titular de Gobernación, es inaceptable y refleja la necesidad de revisar los procesos judiciales.
Además, reportó que numerosos proyectos clave han enfrentado amparos. Entre ellos destacan 161 amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica, 717 amparos relacionados con la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, y 240 amparos sobre la regulación de vapeadores. Obras como el Tren Maya también han sido afectadas por amparos.
Rodríguez también señaló la creciente injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales, mencionando casos como la intervención de la ministra Norma Piña y la admisión de recursos para definir la asignación de diputados plurinominales.
En cuanto a la corrupción interna, la secretaria denunció la venta de exámenes para jueces en la Escuela Judicial por 186 mil pesos, evidenciando una crisis en los concursos de oposición, frecuentemente impugnados por falta de criterios objetivos.
Asimismo, señaló la existencia de nepotismo en el Poder Judicial, con un 49% de sus trabajadores con al menos un familiar dentro del sistema.
El desbalance salarial es otro punto de crítica, donde los ministros del Poder Judicial perciben sueldos que alcanzan los 792,256 pesos mensuales, muy por encima de los salarios establecidos para el presidente de la República.
Finalmente, casos recientes de jueces beneficiando a presuntos delincuentes, como Rafael Caro Quintero y Emilio Lozoya Austin, fueron presentados como ejemplos de un sistema que, según Rodríguez, está fallando en su función.
