En los últimos siete años, desde que entró en vigor la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a más de 10 mil empleados federales por no presentar su declaración patrimonial, de los que 243 han sido destituidos de su cargo y más de 4 mil 800 fueron inhabilitados.
Las estadísticas arrojan que entre 2017 y 2024, servidores públicos adscritos a 228 dependencias, han cometido la falta, considerada no grave, de no informar sobre sus bienes y su patrimonio personal. Las cifras incluyen el último año del sexenio anterior y poco más de cinco años del actual gobierno.
Entre ellas, destacan por ejemplo 69 sanciones a empleados de la Presidencia de la República, área en la que se ha inhabilitado a 55 trabajadores, se ha suspendido a cinco y se ha amonestado a nueve.
También sobresale que en la Secretaría de Gobernación se han aplicado 375 sanciones, de las que 15 ha sido destituciones y 109 inhabilitaciones.
