Legisladores de Morena y PT reiteraron que la reforma judicial va y adelantaron que la elección popular de jueces, magistrados y ministros es irreductible porque es un mandato del pueblo.
En contraste, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtieron que sustituir en un momento a más de mil 600 personas juzgadoras federales generaría un desajuste importante en el funcionamiento de la impartición de justicia en México; que una reforma mal hecha podría convertir a la justicia en una subasta de jueces y magistrados, y que el método de elección popular generará compromisos políticos y con el elector, lo que impide la imparcialidad.
En la inauguración de los “Diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial”, un sector de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura pidió que, ante la inminente intención de la mayoría para aprobar una reforma, la sustitución de juzgadores se realice de manera escalonada.
Sin embargo, no todo el pleno de la Corte consideró riesgosa la reforma, pues las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz la apoyaron abiertamente. Afirmaron que ese cambio constitucional democratizará al Poder Judicial, pues actualmente “sus puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México”.
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, afirmó que “la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial”, y refirió que en la propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no “debe pesar más la celeridad que la idoneidad”.
Piña Hernández pidió ser críticos del Poder Judicial de la Federación (PJF): “Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad. Critiquemos con responsabilidad de Estado”, exigió.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aclaró que no está a favor de materializar una reforma de alto impacto al PJF que contemple la elección de jueces mediante voto popular. Ese mecanismo “no es el idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege y la autonomía e independencia del Poder Judicial”, subrayó.
