Los gobernadores de todo el país presentaron un Amicus Curiae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se alerta a la presidenta del Alto Tribunal, Norma Piña Hernández, de las consecuencias que traería la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
En el documento que ingresó al buzón judicial de la Corte, también solicitan a la ministra mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional, esto en referencia a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la cual se condenó al Estado mexicano, tras declarar la citada medida cautelar inconvencional.
Los 32 gobernadores coincidieron que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa provocaría un grave impacto en la seguridad pública.
Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores indicaron que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados graves.
