Hoy se cumple un año desde la tragedia que sacudió nuestros corazones, pero aún no hemos visto justicia ni acción adecuada por parte de las autoridades responsables. El 27 de marzo de 2023, cerca de las 22 horas, un incendio arrasó el albergue del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejando a su paso cuarenta vidas perdidas y veintinueve personas heridas, mientras decenas de migrantes permanecían detenidos en el lugar, sin que se les abriera la puerta para poder salir.
El Presidente de México, en lugar de asumir responsabilidad y tomar medidas concretas para prevenir tragedias futuras, se limitó a tratar de justificar su inacción. Sus palabras de explicación no son más que una insultante falta de sensibilidad hacia las víctimas y sus familias.
Las autoridades del INM y de la Secretaría de Gobernación han lamentado el fallecimiento de estas cuarenta personas de manera desalmada, sin el más mínimo respeto por sus vidas y sin ofrecer soluciones reales para evitar que algo así vuelva a ocurrir.
A un año de esta tragedia, nadie ha sido detenido. El director del INAMI, Francisco Garduño, enfrenta un proceso judicial por omisión de funciones, pero permanece en libertad y en su cargo, lo que refleja una total falta de responsabilidad y un desprecio por la justicia.
Responsabilizamos directamente al Gobierno Federal y al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, del mismo partido político, Morena. Ambos han fracasado en su deber de proteger a todos los ciudadanos, sin importar su estatus migratorio, y han demostrado una indiferencia imperdonable hacia las tragedias que afectan a las comunidades migrantes.
Exigimos justicia para las víctimas y sus familias. Exigimos acciones concretas para prevenir futuras tragedias y proteger los derechos humanos de todas las personas migrantes en nuestro país. No descansaremos hasta que se haga justicia y se garantice la seguridad y el bienestar de todos.
