La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos suspendió indefinidamente la entrada en vigor de la ley texana SB4, que daba luz verde a policías estatales y locales para arrestar y deportar a México a cualquier persona “sospechosa” de haber cruzado ilegalmente la frontera sur.
“Se ordena que la suspensión emitida el 4 de marzo de 2024 sea por este medio extendida, pendiente de una orden ulterior del firmante o de la Corte (Suprema)”, dictaminó el magistrado Samuel Alito, de orientación conservadora.
Alito había puesto temporalmente en suspenso la entrada en vigor de la legislación promulgada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, un día antes de que comenzara a tener efecto el pasado 5 de marzo y se impuso un plazo para tomar una decisión adicional en un periodo que terminaba ayer.
Solo unos minutos después del vencimiento de ese plazo, el máximo tribunal de Estados Unidos emitió una orden de dos párrafos para poner la legislación en suspenso por tiempo indefinido, lo que fue visto como una derrota para Abbott, en medio de su pelea legal con el gobierno federal.
Técnicamente la SB4 estuvo en operación menos de cinco minutos, pero no se reportó ningún arresto en el breve periodo entre el plazo impuesto por Alito y su dictamen de suspensión indefinida.
La administración de Biden demandó en enero a Abbott luego de que el republicano se negó a acatar la exigencia de suspender la inminente aplicación de esa ley.
Con esa negativa, Abbott buscaba que el caso fuera analizado por la Suprema Corte de Justicia, con la expectativa de que los magistrados conservadores validaran la política de “autodefensa” de Texas.
Con el fallo se reducen las posibilidades de que la SB4 entre en vigor, aun cuando continúe el proceso sobre la constitucionalidad de la legislación, tal como ocurrió hace más de una década con la igualmente controvertida ley SB1070 de la entonces gobernadora republicana Jan Brewer.
La American Civil Liberties Union (ACLU, por su sigla en inglés) de Texas, una de las organizaciones que acompañó la demanda de inconstitucionalidad del Departamento de Justicia, se congratuló por el fallo del juez y aclaró: “No vamos a dar marcha atrás hasta que esta ley antiinmigrante desaparezca”.
El abogado migratorio de Texas Rafael Borrás sostuvo que, desde una perspectiva legal, el fallo de Alito es “completamente razonable. Es justo que la implementación se suspenda hasta un fallo definitivo en lugar de fijar fechas arbitrarias que solo añaden presión para tomar una decisión sobre una legislación con gran impacto”.
