El abogado de Julian Assange defendió este martes la libertad de información, en el juicio en Londres por el último recurso del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de espionaje.
La audiencia, que concluirá este miércoles, comenzó sin la presencia Assange, que se sintió indispuesto y no pudo acudir al juicio, según su abogado, Edward Fitzgerald.
Dos magistrados examinarán durante dos días la decisión de la justicia británica que el 6 de junio denegó a Assange el derecho a recurrir su entrega a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por una filtración masiva de documentos confidenciales.
“Mi cliente está siendo procesado por realizar una práctica periodística ordinaria de obtener y publicar información clasificada, una información verdadera y de interés público evidente e importante”, afirmó Fitzgerald, ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres.
Antes del inicio del juicio, un grupo de apoyo al fundador de Wikileaks se manifestó este martes frente al tribunal, gritando “Liberen a Julian Assange”.
“Julian necesita ser liberado y todos necesitamos la verdad”, afirmó su mujer, Stella Assange, a las puertas del lugar donde se desarrolla el juicio.
En declaraciones el lunes a la cadena británica BBC, su esposa había dicho que si su marido pierde esta vista “ya no tendrá ninguna posibilidad de apelación” en Reino Unido.
A Assange le quedaría, sin embargo, un último recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señalaron sus seguidores en diciembre.
Durante las jornadas previas al juicio, su esposa ya había alertado sobre el frágil estado de salud del australiano de 52 años.
“Su salud está empeorando, física y mentalmente. Su vida corre peligro cada día que permanece en prisión y si es extraditado morirá”, afirmó el jueves.
Assange es reclamado en Estados Unidos por haber publicado desde 2010 más de 700 mil documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano, en particular en Irak y Afganistán.
En caso de extradición, podría ser condenado a una pena de hasta 175 años de prisión en Estados Unidos.
