Oficiales de Texas ignoraron advertencias sobre la ilegalidad de la instalación de boyas en el Río Grande, en la frontera con México, debido a que se trata de una jurisdicción federal, según documentos oficiales obtenidos por el diario The Dallas Morning News.
La barrera flotante con alambre de púas, que enfrenta ya una demanda judicial de ilegalidad por parte del gobierno de Joe Biden, hace parte de la iniciativa Estrella Solitaria del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, para frenar la llegada de migrantes.
Dos cuerpos de migrantes fueron hallados la semana pasada en el río Grande, también llamado río Bravo, muertes que el Gobierno mexicano atribuye a las boyas.
Según el periódico de Texas, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (USIBWC, siglas en inglés), que controla el río Grande, advirtió en abril pasado a un oficial de la Patrulla de Carreteras de Texas que las áreas asociadas con el afluente estaba bajo jurisdicción federal.
“El estado de Texas, que opera a través de varias entidades, incluidas, entre otras, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) (y sus contratistas) no tiene autorización para su presencia en la propiedad federal que administra, posee y/o controla la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos”, señaló entonces la agencia federal.
Sin embargo, según el diario, las advertencias comenzaron en diciembre, mucho antes de que comenzara la instalación de las boyas.
