La Presidencia de la República acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de violar la Constitución y violentar la autonomía del Congreso de la Unión luego de invalidar la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad con el argumento de que hubo violaciones al procedimiento legislativo.
A través de un comunicado, la Presidencia de la República acusó a la Suprema Corte de violar la Constitución y faltar a su deber de resolver sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas “y declara su invalidez so pretexto de violaciones a formalismos procedimentales de carácter reglamentario”.
En ese sentido, detalla que la ley que regula la vida interna del Congreso “es la única que no puede ser vetada, esto se debe a que son representantes electos, lo que implica que es un poder que no puede ser invadido en su vida interna”.
Añade que la SCJN viola el artículo 49 constitucional al “atribuirse funciones exclusivas del Poder Legislativo y descalificar reglas de funcionamiento internas que autónomamente se ha dado el Congreso de la Unión”.
En ese sentido, detalla que la determinación de la SCJN invade las facultades del Congreso de la Unión al prever requisitos adicionales al trabajo legislativo en comisiones, y “se separa de su propia jurisprudencia que establece que las irregularidades en el proceso legislativo no invalidan normas cuando son aprobadas por los plenos de las cámaras de Diputados y de Senadores”.
Por violaciones al procedimiento legislativo #LaCorte invalidó la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad publicada en 2021
— Suprema Corte (@SCJN) June 8, 2023
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Por ello, llama a respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, pues así lo hacen ese poder y el Ejecutivo con el Poder Judicial.
“De lo contrario, los contrapesos se convierten en instrumentos autoritarios que rompen el equilibrio entre poderes establecidos en la Constitución. De continuar con este actuar, la SCJN pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el funcionamiento eficaz de los otros Poderes de la Unión, en detrimento del necesario equilibrio de poderes que debe regir a todo Estado democrático constitucional”, detalla en un comunicado.
Además, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), se acusa a la Corte de poner en peligro el equilibrio constitucional entre los Poderes de la Unión. A través de un comunicado, se reclama a la Suprema Corte que de invalidar el proceso legislativo del “plan B”, estaría sustituyendo al Congreso de la Unión, lo que pone en peligro el equilibrio constitucional entre los Poderes de la Unión.
En ese sentido, señalan que el proyecto de sentencia que se discutió privilegia los formalismos por encima de la verdadera justicia de fondo, con lo que viola el artículo 17 constitucional. Señalan que el principio de división de poderes prohíbe a la SCJN establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso de la Unión.
#ComunicadoPresidencia
— Gobierno de México (@GobiernoMX) June 9, 2023
SCJN pone en peligro el equilibrio constitucional entre los Poderes de la Unión.
Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.https://t.co/MavvHUpOCa pic.twitter.com/VNx0kG4VKs
Agrega además que resulta inexacto que “se haya transgredido el principio de deliberación democrática”, como se establece en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el “plan B” en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN.
“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”, señala la Consejería Jurídica de Presidencia sobre el plan B.
