Las personas que sean calificadas como no aptas para solicitar asilo podrán ser deportadas, se les prohibirá la entrada a Estados Unidos durante cinco años y podrán enfrentarse a cargos penales si intentan entrar nuevamente a Estados Unidos, según explicaron los funcionarios.
De hecho, también detallaron que Estados Unidos incrementó el número de vuelos de deportación a países de la región y también llegó a un acuerdo con México para que el país vecino reciba hasta 30 mil migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba deportados al mes.
Por su parte, las personas que sean arrestadas cruzando la frontera y a las que se le dé la oportunidad de presentar su caso de asilo, a través de una entrevista de “miedo creíble”, deberán hacerlo mientras estén en detención.
“Hemos contratado y tendremos listos para desplegar a unos mil funcionarios de asilo para llevar a cabo las entrevistas de miedo creíble en la frontera a partir del jueves”, explicó otro de los funcionarios públicos.
Como parte del refuerzo de personal, el gobierno estadounidense también desplegará unos 24 mil “oficiales del orden” en la frontera con México, además de unos 400 “voluntarios”.
Varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch, criticaron duramente la norma promulgada hoy cuando se encontraba en la fase de comentarios públicos definiéndola como una “violación de los derechos humanos y de la ley” internacional.
