La diputada por Morena en el Congreso del Estado, América García, destapó un presunto desvío de recursos por un monto de 24 millones de pesos, los cuales fueron entregados a la asociación civil “Lucha Digna Agropecuaria”, con instalaciones en dirección registrada inexistentes y un registro con irregularidades.
La legisladora señaló que la asociación incumple con el criterio que se exige a todas las organizaciones de la sociedad civil como contar con una antigüedad mínima de dos años, ser donatarias autorizadas y presentar un informe de trabajo con al menos 2 años de experiencia, a fin de ser beneficiadas con apoyos de este tipo.
Por este motivo presentó una iniciativa en la que solicitaba la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, con la finalidad de que informen a las y los diputados sobre esta entrega irregular de recursos a la asociación civil “Lucha Digna Agropecuaria”. La propuesta fue rechazada con el voto en contra de la mayoría panista en el Congreso.
Relató la joven legisladora que el pasado 25 de abril de 2022, la mencionada organización fue inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado, pero constituida como asociación civil el 29 de noviembre de 2021 ante el Notario Público número 28; es decir, que sin cumplir siquiera con el primer mes de operaciones autorizadas con terceros como lo marca el Artículo 2571 del Código Civil del Estado de Chihuahua, se firmó un convenio de concertación por un monto de 24 millones de pesos con la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.
“Vemos entonces que, tanto en el Portal de Transparencia como en el Convenio de Concertación, fueron omisos en publicar cada uno de los requisitos que se solicitan para hacer entrega de este tipo de apoyos; lo que sí se puede constatar, es que esta organización incumple con al menos dos criterios para ser elegidos dentro de las reglas de operación”, puntualizó.
Insistió en señalar que Lucha Digna Agropecuaria A.C., carece de constancia de registro al padrón de asociaciones de la Junta de Asistencia Social y Privada (JASP), porque no se encuentra dada de alta en el directorio de Organizaciones; lo cual es un requisito obligatorio para poder recibir apoyos de este tipo con recursos públicos.
Asimismo, todas las organizaciones sin excepción deben presentar informe de trabajo con logros cuantitativos y cualitativos que muestren evidencias al menos de 2 años con experiencia en el ramo de atención. “Requisito que evidentemente no se cumple”, acotó la legisladora morenista.
Es importante mencionar que, tras acudir al domicilio, que para los efectos legales que sean necesarios declara la asociación, no se pudo encontrar evidencia alguna de que exista o existiera una organización de la sociedad civil en este domicilio.
García Soto recordó la salida de la primer titular de la Secretaría de Desarrollo Rural durante la actual administración estatal Lilia Merodio, bajo el señalamiento de irregularidades en el manejo de recursos destinados a la actividad rural.
“Es por este motivo que creemos urgente solicitar la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, y de Desarrollo Rural a fin de que den vista de la situación de favoritismo mostrada en este documento, y que justifiquen por qué se violaron los preceptos establecidos en las reglas de operación y si iniciaron los procedimientos procedentes para sancionar a los servidores públicos que permitieron dicha irregularidad”, concluyó la legisladora.
