Con el fin de disminuir la influencia de actores privados en las instituciones públicas, debido a que “el mercado no sustituye al estado”, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una iniciativa de reforma administrativa con la que pretende dejar de indemnizar a empresas privadas, en caso de que sus contratos con el gobierno sean cancelados; la propuesta que plantea reformar 73 artículos de 23 leyes. Ante esto, Jesús Manuel Salayandía, vicepresidente de Maquiladoras y Franja Fronteriza de Canacintra Nacional mencionó que indirectamente este tipo de reformas afectara al país y sobre todo a la inversión extranjera directa, empresas que deseen establecerse en nuestro país.
Salayandía Lara expuso que ante el tema del Nearshoring de igual manera se verá afectado porque no se estaría aprovechando la proveeduría local, de igual forma se requiere de mejores carreteras, mejor movilidad, mejores aduanas las cuales tengan un sistema apto para recibir tanto exportaciones como importaciones entre otros servicios. “Este tipo de reformas o leyes que quiere implementar el ejecutivo federal será un parteaguas para la economía nacional”.
Lo anterior significa que cualquier permiso, concesión o contrato, que el gobierno tenga con particulares podrá cancelarse con el argumento de que ha surgido una nueva situación, la cual se calificaría como generadora de una afectación de interés público o a la seguridad nacional. Cuando esto ocurra el gobierno no tendrá que indemnizar a las empresas afectadas.