El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que no se discutirá en el pleno el dictamen para disminuir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales.
Esta medida fue avalada en la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado martes y busca que sean obligatorios dos días de descanso por cada cinco trabajados.
El legislador y también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que ya no hay tiempo para dar luz verde a la reforma en este periodo de sesiones, que debe concluir antes del 30 de abril, por lo que habría que esperar al próximo, que arranca hasta septiembre.
“No, ninguna reforma constitucional (se cristalizará). ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo”, respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación.
Además, pese a que la medida sólo fue rechazada por el Partido Acción Nacional (PAN), agregó que se deben armar consensos.
“Ya no nos da tiempo de agendar (las reformas constitucionales), se tienen que construir en torno al dictamen, en tanto (es) una reforma constitucional, (con) los dos tercios (del Congreso), y eso requiere un consenso en la redacción del dictamen”, justificó.
El cambio impulsado principalmente por el partido Movimiento Ciudadano (MC) es significativo porque México es uno de los países del mundo donde más horas se trabajan al año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con sus datos, los mexicanos trabajan dos mil 124 horas al año, por encima de Costa Rica (mil 913), Rusia (mil 874) y Japón (mil 598).
En diciembre pasado, el Senado aprobó por unanimidad la reforma legislativa denominada “vacaciones dignas”, que amplía el periodo vacacional de los trabajadores de seis a 12 días desde el primer año laboral.
Otro ajuste polémico que se avaló tras la sesión del martes fue la aprobación del dictamen de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que establece la eliminación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y lo sustituye por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, el cual actuará como entidad asesora del Ejecutivo federal.
En la modificación se prevé que las becas priorizarán a investigadores de universidades públicas, lo que fue considerado por los opositores como una política discriminatoria.
