El retiro de los migrantes venezolanos del campamento que tenían instalado en las orillas del río Bravo, fue para evitar riesgos que pongan en peligro su vida, dijo Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento.
En la conferencia de prensa que ofrece todos los lunes el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el funcionario explicó que la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA), hizo una solicitud sobre el retiro de los migrantes, debido al riesgo que existía en el lugar.
“Protección Civil del Estado y del Municipio elaboraron un dictamen sobre ese lugar, el cual arrojó que existía un grave riesgo de ahogamiento por la cercanía al río, así como un alto riesgo de incendio, debido a la gran cantidad de casa de campaña, cobijas y ropa acumuladas en este sitio”, explicó Ortiz Orpinel.
Mencionó que durante el retiro de este grupo de migrantes, donde intervinieron autoridades de los tres órdenes de Gobierno, así como organismos internacionales que protegen los derechos humanos de los migrantes, no hubo personas lesionadas.
Por su parte, Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos del Municipio, indico que no existió ninguna violación de los derechos humanos durante el desalojo de las personas en situación de movilidad que estaban en la orilla del río, ya que estaban poniendo en riesgo su vida.
“Estuvieron presentes, porque fueron notificadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y los tres organismos internacionales con los que se atiende el tema migratorio y que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para cuidar las garantías de los migrantes”, expresó el derechohumanista.
En tanto que Roberto Briones Mota, director de Protección Civil, señaló que al interior de algunas casas de campaña se encontraron generadores eléctricos, conexiones múltiples, baterías y recipientes con gasolina para encender fogatas, por lo que el riesgo de incendio era muy alto.
De las 600 personas que se encontraban en este campamento, solamente 80 aceptaron ser trasladados al Centro Integrador para Migrantes “Leona Vicario”, que está a cargo del Gobierno Federal y 14 al albergue municipal Kiki Romero, comentó.
Sobre el tema, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, mencionó que seguirán monitoreando la zona para evitar que se instalen en lugares cercanos, pues la propuesta es que las personas en situación de movilidad esperen sus trámites en los albergues, donde existen condiciones más dignas mientras resuelven su proceso migratorio.
“Agotamos el diálogo con ellos, porque todos los días les hicimos la invitación para que ingresaran a los albergues, en el momento en que se volvió infructuoso, actuamos y estoy convencido de que hicimos lo correcto en beneficio de ellos y de los menores de edad”, dijo el alcalde.
