“No existen condiciones para que el ex gobernador de Chihuahua, César D, sea juzgado en el estado, sobre todo por las reformas a las que se ha sometido el Poder Judicial, y en donde existen muchas afinidades entre personas ligadas al ex mandatario y que hoy son parte del gobierno actual”, consideró el delegado estatal de los Programas para el Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa.
Reiteró que el Gobierno Federal busca extirpar la corrupción y que no quede impune el daño que se hizo a Chihuahua y que, desde luego, el ex mandatario tiene el derecho de defenderse.
Lo que está pidiendo el pueblo de Chihuahua, agregó, es un juicio justo y que el caso sea llevado en otro lugar debido a los intereses que hay en el Poder Judicial del Estado con la reciente reforma con la que se ha fortalecido un grupo político a fin a César D.
Sostuvo que parte de eso, es que algunos personajes de la política local que, recibiendo dinero a manos del ex mandatario estatal, tuvieron que regresar ese recurso económico una vez que se iniciaron las investigaciones correspondientes sobre los desvíos millonarios del Gobierno del Estado, cuando el ahora imputado era jefe del Ejecutivo.
Para evitar que se proteja, dijo, el juicio debe ser llevado con total imparcialidad fuera del estado de Chihuahua.
