Seis exfuncionarios del gobierno estatal solicitaron la intervención del Gran Comisionado de las Naciones Unidas en México para que se les otorguen medidas cautelares urgentes al considerar que su vida y su libertad están en riesgo, derivado de la supuesta tortura psicológica que fue utilizada por el gobierno de Javier Corral Jurado para obligarlos a declarar.
Los afectados en días pasados aseguraron que fueron víctimas de tortura y los obligaron a posicionarse con relación a las carpetas de investigación que se abrieron en el gobierno pasado por los presuntos actos de corrupción cometidos durante el gobierno de César Duarte Jáquez.
En un documento entregado a La Jornada, seis exfuncionarios del gobierno estatal, entre los que podría encontrarse Alejandro Villarreal, Marcelo González Tachiquín y Jesús Esparza, narraron al organismo internacional los actos de que fueron objeto y solicitaron su intervención para que se abra una investigación de lo sucedido, con base en protocolos internacionales firmados por México en materia de actos de tortura.
En el texto entregado a la representación de la ONU en México, se señala que alguno de los agentes del Ministerio Público que participaron en la integración de las carpetas de investigación, los obligaron a rendir testimonios en contra de ex funcionarios, empresarios y prestadores de servicio, aún y cuando no les constarán los actos de corrupción, según detalla La Jornada.
Entre las medidas cautelares se busca que las autoridades locales inicien acciones de investigación y se determinen las responsabilidades en que pudieron haber incurrido las autoridades que los obligaron a realizar testimonios mediante actos de tortura.
