Ante el recurso de inconstitucionalidad que presentaron el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; por el cobro del 4 por ciento del Predial y por el Derecho de Alumbrado Público, respectivamente; la diputada por el Movimiento Regeneración Nacional Esther Mejía manifestó estar de acuerdo ante ello pues no hay transparencia sobre el destino final de los recursos.
Según los acuerdos, lo captado por el gobierno estatal vía predial y el impuesto universitario, se destinan a instituciones de educación superior, mientras que el DAP sirve para reorientarlo al mismo rubro, sin embargo no se tiene idea de donde se encuentran esas partidos, apuntó la legisladora.
Abundó que está de acuerdo en eliminar esos conceptos que se han cobrado por muchos años y nunca se ha visto el beneficio para la comunidad.
De la misma manera, la legisladora detalló que es necesario que los organismos especifiquen el destino final de esos recursos e informar con transparencia para verificar los alcances de esos cobros.
