La audiencia duró más de seis horas, y la defensa de Doña Carlota presentó cerca de 70 pruebas, entre ellas documentos médicos que demostraban que la mujer padece una enfermedad crónico-degenerativa. Los abogados argumentaron que, por su estado de salud y edad, la ley le permitiría enfrentar el proceso desde su domicilio.
Sin embargo, la jueza determinó que la vivienda propuesta para su arresto domiciliario no fue comprobada como propiedad de su hijo, ya que el acta de nacimiento presentada no coincidía con el nombre completo de Carlota, por lo que no se acreditó el parentesco.
Además, la juzgadora señaló que existe riesgo de fuga, a pesar de que el informe del Centro de Medidas Cautelares indicaba lo contrario. También mencionó que, debido a que en el caso se usó un arma de fuego, Carlota podría representar un peligro para el único testigo del caso si se le permitía salir del penal.
Ante esta decisión, Arturo Santana, hijo de la mujer, acusó que se trata de una resolución influenciada por motivos políticos.
“Es un claro lineazo desde arriba, seguramente para distraer la atención de otros temas más graves”, declaró.
Santana también señaló que su madre sufre diabetes, y que durante los siete meses que ha estado en prisión su salud ha empeorado, pues la dosis de insulina que necesita se ha duplicado.
