En respuesta a la creciente ola de violencia que afecta a diversas regiones de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y varios legisladores han urgido al gobierno federal a aumentar el presupuesto destinado al fortalecimiento de las policías estatales y municipales para 2026.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que es el principal mecanismo a través del cual el gobierno federal transfiere recursos a los estados y municipios para equipar, capacitar y fortalecer sus cuerpos policiales, contará en 2026 con un presupuesto de 9 mil 951 millones de pesos. Sin embargo, este incremento representa solo un 0.5% en términos reales respecto al presupuesto de 2025, lo que ha generado preocupación entre los legisladores, quienes consideran insuficiente este ajuste ante el panorama de inseguridad que vive el país.
En un documento emitido por la Comisión de Seguridad Ciudadana en octubre, varios legisladores propusieron un aumento de hasta 3 mil millones de pesos para el FASP, con el fin de otorgar más recursos a las fuerzas de seguridad locales. Esta solicitud retomó fuerza durante una sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el 3 de noviembre, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, un crimen atribuido al crimen organizado.
La priista Nadia Navarro comentó durante la sesión que el caso de Manzo debe ser una “llamada de atención”, no solo para el gobierno federal, sino para todo el país. “Hoy es Carlos Manzo, pero existen 2 mil 477 alcaldes más que están enfrentando el crimen organizado”, destacó. De manera similar, el panista Héctor Saúl Téllez enfatizó que este tipo de tragedias ponen de relieve la urgencia de dotar a los cuerpos policiales de mejores recursos.
La Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por la morenista Jessica Saiden Quiroz, emitió una opinión positiva al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF 2026), en la que incluyó una recomendación explícita para aumentar el apoyo económico a las instituciones de seguridad locales. La propuesta busca reducir la brecha entre el gasto federal y el subnacional, con el objetivo de garantizar que los policías locales cuenten con mejores condiciones laborales, equipamiento adecuado y formación continua, permitiendo así que implementen la Estrategia Nacional de Seguridad con altos estándares de derechos humanos y proximidad ciudadana.
Aunque la Comisión ha respaldado esta recomendación, hasta el momento no se ha indicado que el gobierno federal esté considerando un incremento significativo en los recursos destinados a las policías estatales y municipales. El Pleno de la Cámara de Diputados discutirá el PPEF 2026 entre el 4 y el 7 de noviembre, en sesiones que se prevé serán largas y exhaustivas.
