La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó que su dependencia ha iniciado una revisión exhaustiva de los permisos ambientales relacionados con el Tren Maya, con el objetivo de “regularizar” el proyecto. Durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, reconoció que en el tramo 5 de la obra se dañaron ocho cavernas y cenotes, lo que ha obligado a emprender acciones de limpieza y retiro de concreto.
Desde su llegada al cargo, Bárcena indicó que se han realizado recorridos por los siete tramos y las 28 obras asociadas del tren, con el fin de evaluar cuáles permisos están en regla y cuáles no, para establecer las condicionantes necesarias para su operación ambientalmente responsable. Para ello, se conformó un grupo interinstitucional que incluye a la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la empresa encargada del Tren Maya, a fin de dar seguimiento semanal a cada tramo y obra auxiliar.
La secretaria comentó que también se han cuantificado áreas de reforestación como parte de las medidas de compensación, y que se trabaja para que al menos 95 % de las condicionantes impuestas en materia de impacto ambiental sean cumplidas. Asimismo, precisó que toda la información documental relacionada con el Tren Maya se publicará en la Gaceta Ecológica a partir del presente sexenio, pese a que inicialmente estaba clasificada hasta 2027.
Durante su intervención, diputados señalaron que un análisis satelital indica que miles de hectáreas —entre las destinadas a vías, accesos e infraestructura auxiliar— han sido deforestadas sin contar con permisos adecuados de cambio de uso de suelo forestal. En el tramo cinco (Cancún-Tulum) y en el tramo seis (Tulum-Chetumal), se documentó la tala de millones de árboles.
Además, se abordó la reforma a la Ley de Amparo respecto al “interés legítimo” que deberán demostrar los ambientalistas al presentar recursos contra proyectos de infraestructura. Bárcena expresó que esta reforma podría ser interpretada por la Corte en favor de los defensores del medio ambiente, siempre que los legisladores así lo determinen.
Finalmente, la funcionaria anunció que se trabaja en una iniciativa de reformas estructurales a la Ley General del Equilibrio Ecológico, vigente desde 1996, con la intención de fortalecer su alcance en aspectos como los metales pesados (mercurio, arsénico, plomo, entre otros) y ampliar las facultades de supervisión de la Profepa. También relató que se clausuraron instalaciones de una empresa por contaminación con metales pesados, luego de que se detectaran niveles críticos de diversos elementos tóxicos en suelo y aire. En ese caso, la empresa ha retirado más de 14 000 toneladas de óxido de zinc y debe cumplir con un plan de remediación integral antes de poder reanudar sus operaciones.
