La diputada de morena, Magdalena Rentería Pérez, lanzó un doble exhorto al Poder Ejecutivo estatal para esclarecer el destino de los autobuses retirados recientemente en la capital y para atender de manera urgente las deficiencias del transporte público en las colonias de Ciudad Juárez.
Rentería cuestionó el futuro de las unidades que salieron de circulación tras la adquisición de 40 nuevos camiones para la ciudad de Chihuahua, con una inversión de 315 millones de pesos. Las unidades retiradas, muchas adquiridas durante los gobiernos de César Duarte y Javier Corral, forman parte del patrimonio estatal, subrayó.
> “Es importante saber si serán reparadas, reincorporadas al servicio o simplemente convertidas en chatarra. Aún sin su valor original, representan millones de pesos”, señaló.
La diputada recordó el antecedente de 2020, cuando 82 camiones de la Ruta Troncal fueron vendidos por 34 % menos de su valor estimado. “No podemos permitir que se repita esa opacidad con los bienes públicos”, advirtió.
En el caso de Ciudad Juárez, Rentería reconoció la entrega de nuevos autobuses durante 2024, pero subrayó que el verdadero reto de movilidad sigue en las colonias, donde las ruteras tradicionales transportan ocho veces más personas que el sistema Juárez Bus.
Citando el informe Así Estamos Juárez, elaborado por Plan Estratégico de Juárez, la legisladora señaló que cinco de los diez distritos electorales del municipio tienen calificaciones menores a seis en movilidad, con un promedio general de 5.4 en satisfacción del servicio.
Además, el informe reveló que solo el 0.3 % de los juarenses usa el Juárez Bus para ir a trabajar, mientras que el 2.5 % se transporta en rutera, lo que confirma la alta dependencia de este servicio.
> “El problema no está en el centro, sino en las colonias. Ahí es donde más urge intervenir”, insistió.
Rentería concluyó que su exhorto no es una crítica, sino un llamado a construir un frente político y ciudadano que aborde integralmente la crisis de movilidad en Juárez. Este frente, propuso, debe incluir a los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles, transportistas, academia y, sobre todo, a la ciudadanía mediante consultas y participación activa de diputadas y diputados de la frontera.
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