Con el respaldo unánime del Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa presentada por el diputado Jorge Soto fue aprobada y enviada al Congreso de la Unión, con el objetivo de reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) para sancionar el acoso laboral, el hostigamiento y el abuso sexual en el servicio público.
Esta propuesta busca cerrar un vacío legal que permitía que estas conductas quedaran fuera del ámbito administrativo, limitando su sanción al ámbito penal. “Es una reforma esencial para prevenir que los servidores públicos abusen de su posición para acosar o ejercer violencia sexual. Aunque la ley penal ya contempla sanciones, la Ley de Responsabilidades Administrativas aún no cubría este tipo de conductas. Como servidores públicos, tenemos no solo la ética, sino la obligación de erradicar estos abusos, que lamentablemente siguen ocurriendo en el país”, destacó el diputado Soto.
La reforma, aprobada por unanimidad, será ahora enviada al Congreso federal para su análisis y posible inclusión en la legislación nacional. El legislador enfatizó que su propósito es que el acoso laboral, sexual y el abuso de autoridad con connotaciones de violencia de género sean considerados faltas administrativas graves, con sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución o inhabilitación en el cargo.
“Este es un paso importante. Ya fue aprobada en Chihuahua, y ahora será elevada al Congreso de la Unión. Espero que también sea aprobada a nivel federal, con el fin de cerrarle el paso a quienes abusan del servicio público para cometer este tipo de violaciones”, expresó Soto.
La reforma adiciona los artículos 57 Bis, Ter, Quater y Quinquies a la LGRA, para definir con claridad las conductas de acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento sexual y abuso sexual, y establece que deberán ser consideradas faltas graves dentro de la administración pública. Además, incorpora la perspectiva de género en los procedimientos administrativos y amplía las medidas cautelares para proteger los derechos humanos y laborales de las víctimas.
El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia subraya que, aunque México ya cuenta con leyes penales y protocolos para tratar la violencia laboral y de género, la falta de una regulación administrativa adecuada ha dificultado la sanción oportuna de los funcionarios responsables. En este contexto, Jorge Soto señaló que estas conductas generan impactos físicos, emocionales y económicos en las víctimas, deteriorando además el ambiente laboral y minando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“No basta con que los servidores públicos actúen con ética; debemos garantizar que el Estado no sea cómplice de estos abusos. Esta reforma representa un paso firme hacia un servicio público que actúe con integridad y respete la dignidad de las personas”, concluyó el diputado panista.
