El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ha convocado a una suspensión total de labores en todos los juzgados y tribunales del país para este viernes 31 de octubre. La medida, consistente en un paro de “brazos caídos”, responde a diversas quejas sobre las condiciones laborales y la falta de acción por parte de las autoridades competentes.
En un comunicado oficial firmado por Juan Alberto Prado Gómez, Secretario General del Sindicato, se explica que la suspensión de actividades es una acción necesaria para proteger las condiciones laborales de los trabajadores, asegurar el buen funcionamiento institucional y como último recurso ante la “omisión de la autoridad administrativa”.
La protesta surge debido a la “grave carencia de insumos esenciales” para el desempeño de las funciones jurisdiccionales, que van desde la falta de papelería básica hasta la escasez de recursos vitales como agua y servicios de comedor. Además, los trabajadores han denunciado la falta de claridad respecto a las plazas de los empleados electos el 1 de junio pasado.
“Los trabajadores del Poder Judicial enfrentan una alarmante escasez de materiales fundamentales, como impresoras, hojas, papelería y agua. También hemos visto la omisión de la autoridad en la sustitución de los puestos vacantes, lo que agrava aún más la situación”, señaló el sindicato.
El sindicato también expresa su descontento por el incumplimiento del incremento salarial anual, cuya retroactividad aún no se ha materializado, a pesar de que el Órgano de Administración Judicial ha comprometido su entrega en reiteradas ocasiones, sin establecer una fecha precisa.
“La falta de respuesta ante el despido masivo de servidores públicos y el incumplimiento de los acuerdos salariales, junto con el impago de los aumentos retroactivos, nos obliga a tomar esta medida. A pesar de los compromisos reiterados del Órgano de Administración Judicial, no hemos visto avances”, argumentaron.
El sindicato subraya que esta acción tiene como objetivo defender los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones y, sobre todo, exigir que se provean los recursos mínimos indispensables para la correcta impartición de justicia en el país.
