La jueza federal Susan Illston emitió una orden de restricción temporal que impide al gobierno del presidente Donald Trump continuar con los despidos de empleados federales en medio del actual cierre de operaciones gubernamentales, al considerar que los recortes podrían tener motivaciones políticas y carecen de una justificación sólida.
Desde San Francisco, Illston cuestionó insistentemente a la representante del Departamento de Justicia sobre la lógica detrás de más de 4,100 avisos de despido emitidos desde el viernes, en un contexto en el que los trabajadores afectados no pueden acceder a sus correos institucionales ni contar con apoyo de recursos humanos para orientarse sobre sus derechos.
> “Esto es prácticamente un ataque directo a la mayoría de estos programas, y tiene un alto costo humano”, afirmó la jueza. “Es un costo humano que no se puede tolerar”.
Al conceder la medida cautelar, Illston argumentó que había motivos suficientes para pensar que los despidos violaban la ley y excedían la autoridad del Ejecutivo.
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