La madrugada del miércoles 15 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo, tras casi 13 horas de discusión y la presentación de más de 300 reservas.
Con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, los legisladores dieron luz verde a la minuta previamente enviada por el Senado. Ahora, será nuevamente la Cámara Alta la encargada de analizar las modificaciones aprobadas por los diputados.
Uno de los aspectos más debatidos fue el tema de la retroactividad. En su intervención final, el diputado Hugo Eric Flores, de Morena, aclaró que, al tratarse de una ley procesal, las etapas concluidas que hayan generado derechos adquiridos se mantendrán bajo la legislación vigente al inicio de cada proceso. Sin embargo, las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del nuevo decreto se regirán por las nuevas disposiciones, lo que —según señaló— garantiza que no habrá retroactividad ni afectación a derechos ya consolidados.
Cabe recordar que la polémica sobre la retroactividad surgió en el Senado, donde se había planteado que la reforma se aplicara incluso a juicios en curso, lo que generó preocupación en diversos sectores.
La iniciativa original fue impulsada por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja. Uno de los principales objetivos de la reforma es limitar el uso del amparo para frenar acciones del Estado, particularmente en casos donde existen intereses económicos de por medio, como en permisos federales anulados.
Durante la sesión, los diputados morenistas Julio César Moreno y Mariana Benítez presentaron una reserva al artículo 128, con el propósito de impedir que actos jurisdiccionales afecten el interés social o el orden público, y prevenir daños irreparables.
El argumento central de los impulsores de la reforma es evitar que el amparo se utilice como un instrumento para evadir la justicia. En palabras de la jefa de Gobierno con licencia y actual impulsora de la iniciativa, Claudia Sheinbaum:
“Los deudores fiscales son los que más han abusado del amparo. La justicia nunca ha llegado a los más pobres, a los más necesitados, menos a las mujeres indígenas. ¿Quiénes han abusado? Los que tienen más recursos económicos.”
La propuesta contempla reformas no solo a la Ley de Amparo, sino también al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objetivo de hacer más ágiles los procesos y reforzar la equidad en el acceso a la justicia.
El amparo es un recurso legal que protege a las personas frente a actos u omisiones de autoridades que vulneren derechos humanos reconocidos por la Constitución o tratados internacionales firmados por México. Con esta reforma, el debate se centra en cómo garantizar ese derecho sin que se convierta en un mecanismo de protección para intereses particulares.
