Estado

CEDH defiende recomendación a favor de César Duarte: “No hay favores, solo cumplimiento de la ley”




El comisionado estatal de los Derechos Humanos, Alejandro Carrasco Talavera, defendió la Recomendación 18/2025 emitida a favor del exgobernador César Duarte Jáquez, aclarando que se trata de una resolución basada en una violación puntual a sus derechos humanos, sin relación con su situación jurídica actual.

> “No hay favores ni posturas. Solo el cumplimiento de la ley”, afirmó Carrasco, subrayando que el uso del término “víctima” responde estrictamente a lo que marca el marco legal vigente.



El comisionado reiteró que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) tiene la obligación de velar por los derechos de todas las personas, sin distinción alguna, independientemente de su condición legal o social.

La recomendación deriva de una queja presentada en 2024 por el propio Duarte, quien denunció una doble vigilancia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a pesar de que una jueza había determinado que la supervisión de su brazalete electrónico correspondía únicamente al área de Servicios Previos al Juicio del Poder Judicial.

De acuerdo con el comisionado, el exmandatario reportó la presencia de vehículos oficiales y un módulo Escorpión dentro del fraccionamiento donde reside, situación que provocó molestias tanto a él como a los vecinos.

Durante la investigación, la CEDH confirmó la presencia de una unidad de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la zona, hecho reconocido por la propia autoridad, lo cual —según Carrasco— evidencia un uso indebido de recursos públicos destinados a funciones de seguridad.

Este hallazgo fue suficiente para justificar la recomendación, que incluye medidas de reparación como atención médica o psicológica y la inscripción de César Duarte en el Registro Estatal de Víctimas.

Finalmente, Carrasco Talavera fue enfático al señalar que la CEDH no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia del exgobernador respecto a los delitos que enfrenta. Rechazó interpretaciones políticas sobre la resolución y aseguró que el organismo actúa con base en criterios objetivos, sustentados en pruebas documentadas durante el proceso de investigación.


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