Durante la sesión del Congreso del Estado, la diputada Carla Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su apoyo a la reforma impulsada por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, que fortalece y actualiza la Ley de Indulto del Estado de Chihuahua. Según la legisladora, esta reforma representa un avance significativo hacia un sistema de justicia más humano, sensible y cercano a la realidad de las personas, convirtiendo al indulto en una herramienta de justicia social.
En su intervención en tribuna, Rivas Martínez resaltó que esta modificación legal no es simplemente un ajuste más, sino un paso histórico que busca humanizar el sistema judicial del estado. “El indulto deja de ser una figura lejana y excepcional para convertirse en un medio real de justicia social”, destacó la diputada.
“En tiempos en los que muchas veces la política se percibe distante o fría, hoy vemos una muestra de voluntad política y de humanidad. La Gobernadora ha escuchado las voces de mujeres que, tras las rejas, no solo cargan con una sentencia judicial, sino también con una historia de violencia, abandono o pobreza”, subrayó Rivas, reconociendo el esfuerzo de la mandataria estatal por abordar estos temas de manera integral.
La diputada también elogió el liderazgo de la Gobernadora Maru Campos por haber abierto un espacio de diálogo con colectivos, defensoras de derechos humanos y especialistas en justicia restaurativa, lo que permitió que esta reforma surgiera a partir de un proceso de intercambio y empatía.
“El indulto se convierte en una herramienta real para equilibrar la balanza, para corregir cuando el rigor de la ley no ha sabido comprender la complejidad de la vida humana y las circunstancias que llevan a una persona a una situación que le pueda cambiar la vida”, expresó Rivas.
La legisladora panista subrayó que Chihuahua ocupa uno de los primeros lugares del país en el número de mujeres privadas de la libertad, muchas de ellas madres, adultas mayores, indígenas o con discapacidad, quienes enfrentan un sistema que no siempre comprende sus contextos específicos.
“Esta reforma reconoce esa realidad, y eso es un acto de justicia. Porque la justicia no debe ser únicamente castigo; también debe ser comprensión, reparación y esperanza”, concluyó la diputada Rivas.
De aprobarse, esta reforma a la Ley de Indulto representaría un avance en el reconocimiento de los derechos humanos y el contexto social de las personas privadas de la libertad, especialmente aquellas que han sido víctimas de circunstancias difíciles.
