La Cámara de Diputados aprobó este lunes la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, con el objetivo de unificar la tipificación de este delito en todo el país y establecer sanciones más severas.
El dictamen fue respaldado por 25 votos a favor de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM, PAN y MC, mientras que tres diputados del PRI se abstuvieron. La nueva legislación establece penas de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, incorpora 34 agravantes que pueden aumentar la pena hasta 25 años de prisión, en casos de grave afectación a la víctima, el perfil del agresor o el impacto económico y social.
Uno de los aspectos clave de la ley es que la extorsión será perseguida de oficio, lo que permitirá a las autoridades actuar sin la necesidad de una denuncia previa. También se habilitará la línea telefónica 089 para recibir denuncias anónimas.
A pesar del respaldo mayoritario, la reforma ha generado controversia. Algunos legisladores han señalado que las penas mínimas establecidas por la nueva ley podrían beneficiar a las personas actualmente privadas de libertad en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, donde las sanciones son más severas. Estos diputados temen que los reclusos en esos estados puedan ver reducidas sus condenas debido a la nueva legislación.
La iniciativa será discutida y votada en el próximo periodo de sesiones, donde se espera un debate más amplio sobre las implicaciones de la ley y su impacto en la lucha contra la extorsión.
