Con 456 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que unifica el marco legal en todo el país para combatir uno de los delitos de mayor impacto social y económico.
Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por diversos grupos parlamentarios, la ley establece competencias claras entre los tres niveles de gobierno y fija penas de seis a quince años de prisión y multas de hasta 500 UMA para quienes obtengan un beneficio indebido mediante amenazas o coerción.
El delito será perseguido de oficio, y las víctimas podrán denunciar de forma anónima al 089.
Se contemplan agravantes cuando la víctima sea menor, adulto mayor, mujer embarazada o persona migrante, o si se usa violencia o medios digitales. También se restringen los beneficios preliberacionales y se ordena a los centros penitenciarios bloquear el uso de dispositivos electrónicos.
La norma crea el Centro de Atención a Denuncias por Extorsión, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y obliga a los congresos locales a armonizar sus leyes en un plazo máximo de 180 días.
El dictamen incluye reformas al Código Penal Federal y a otras leyes complementarias.
La discusión en lo particular continuará en el Pleno.
