Con el objetivo de fortalecer la industria nacional y apoyar el mercado interno, la Secretaría de Economía anunció la implementación de aranceles de importación que oscilan entre el 5 y el 25 por ciento sobre una variedad de productos.
Esta medida, que entró en vigor el 16 de agosto de 2023 y se mantendrá hasta el 31 de julio de 2025, busca fomentar el desarrollo de la producción local y salvaguardar el equilibrio del mercado global, de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
En este sentido, se establecieron aranceles temporales sobre 392 fracciones arancelarias de productos provenientes de países sin tratados comerciales con México. Al mismo tiempo, se acordó mantener los aranceles a la importación que actualmente se aplican a 91 fracciones arancelarias, eliminando así el esquema de desgravación arancelaria que se había planeado para octubre de 2024.
La medida se justifica por los desafíos económicos y el comercio desleal experimentado por la industria nacional y las cadenas de suministro tras la pandemia de COVID-19, ya que la competencia desleal y el desplazamiento de productos nacionales afectaron a diversos sectores de la producción, incluyendo a pequeñas y medianas empresas.
Destacó también que las medidas van enfocadas a fortalecer la integración de los productores nacionales en las cadenas de valor de la industria nacional, así como en aquellas que se detonarán por la relocalización de inversiones.
La Secretaría de Economía informó que los sectores estratégicos como el acero, textil, confección, calzado, aluminio, llantas, plásticos, vidrio y cerámica se verán impactados por estos aranceles, con la finalidad de fomentar la integración de los productores locales en las cadenas de valor de la industria nacional. Se espera que más de 206 mil micro, pequeñas y medianas empresas se beneficien de esta medida, las cuales generan más de un millón de empleos.
Para proteger a los sectores más vulnerables, se excluyeron productos de la canasta básica, insumos para la salud, bienes de consumo y aquellos que influyen en el desempeño de las cadenas productiva, aseguró la dependencia.
