La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una norma que permitía a los militares intervenir llamadas telefónicas de civiles sin autorización de un juez.
La decisión se da en medio de crecientes cuestionamientos en contra de la participación de los elementos castrenses en labores de seguridad pública y ante las denuncias de hackeo por parte del Ejército a los teléfonos celulares de activistas.
La decisión se aplicará de forma retroactiva desde el 2016, lo que abre el camino para que todos los enjuiciados desde hace siete años por intervenciones telefónicas de los militares puedan impugnar los procesos alegando el uso de pruebas ilegales.
El proyecto de sentencia fue promovido por Luis María Aguilar, quien afirmó que algunos de los controles previstos en el Código Militar para las intervenciones de llamadas no eran claros ni suficientes.
