Cada entidad tiene la facultad de definir las penas en delitos del fuero común, por lo que habrá de revisarse la sentencia que emitió el miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la inconstitucionalidad de las sanciones previstas en el Estado de Chihuahua para las personas culpables de extorsión, expuso el Secretario General del Gobierno César Jáuregui Moreno.
Explicó que el comportamiento de los delitos no es igual en todas las entidades federativas por lo que cada gobierno estatal puede establecer, en función de la incidencia y el daño causado, las penas que considere prudentes.
Respecto a la sentencia, la Primera Sala de la SCJN consideró como inconstitucional la pena de 30 a 70 años de prisión impuesta en el estado de Chihuahua a extorsionadores.
